Caso de contaminación y defraudación: amplían plazo para el control de la acusación

Por pedido de la defensa de las personas imputadas, se amplió el plazo de investigación de un caso por contaminación y administración fraudulenta que comprende a dos ejecutivos y un empleado de la empresa Comarsa, de la ciudad de Neuquén.

La decisión fue tomada este viernes durante una audiencia en la Ciudad Judicial, en la que el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la querella, a cargo de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, no se opusieron al requerimiento.

La defensa solicitó que el plazo se extendiera por 3 meses. La fiscalía manifestó que su acuerdo con la prórroga, pero propuso que fuera por 2 meses. Al momento de resolver, el juez de garantías Juan Manuel Kees fijó un término intermedio: “No existe una fórmula matemática para calcular exactamente, por lo que voy a resolver que sean 2 meses y medio”, sostuvo. Y precisó: “Si el plazo vencía el 3 de marzo, el nuevo plazo vencerá el 18 de mayo”.

Tras definir la extensión, el magistrado solicitó a la oficina judicial que, una vez cumplido ese tiempo adicional, fije a la brevedad la audiencia de control de la acusación.

Imputación para el juicio

El pedido de ampliación del plazo fue realizado luego de que el fiscal jefe Maximiliano Luis Breide Obeid (Unidad Fiscal de Delitos Ambientales y Leyes Especiales) presentara el requerimiento de apertura a juicio, que constituye el paso previo al debate oral.

En ese escrito, el representante del MPF formalizó la acusación contra J.M.L., H.E.B. y F.A.P., a quienes se les atribuye haber contaminado el ambiente de un modo peligroso para la salud de los habitantes de la ciudad de Neuquén. La imputación comprende el delito de envenenamiento, adulteración o contaminación del suelo, agua, atmósfera o ambiente en general, en concurso ideal con administración fraudulenta.

Según la teoría del caso sostenida por la fiscalía, entre los años 2013 y hasta el 11 de febrero de 2025 los acusados gestionaron de manera inadecuada residuos peligrosos provenientes de la industria hidrocarburífera y los vertieron sobre el suelo, excediendo los límites territoriales y temporales habilitados. La acusación sostiene que la empresa se expandió de manera irregular y ocupó más de 17 hectáreas de tierras pertenecientes a la Provincia y al Municipio de Neuquén.

La investigación también estableció que, hacia 2017, la firma mantenía acopiados aproximadamente 307.000 metros cúbicos de residuos peligrosos sin tratamiento completo, parte de los cuales fueron depositados en sectores sin habilitación ambiental. De acuerdo con los informes técnicos incorporados al requerimiento, los suelos afectados contenían metales pesados y compuestos volátiles, generando un riesgo directo para la salud poblacional tanto por la contaminación del suelo como por las emisiones a la atmósfera. La acusación se apoya en pericias químicas y en un informe médico del Cuerpo Médico Forense que analiza el impacto sanitario del pasivo ambiental detectado.

En el plano económico, el MPF atribuye a J.M.L. haber ocultado en los estados contables los costos pendientes de tratamiento de los residuos, lo que -según la acusación- permitió disimular la verdadera situación patrimonial de la empresa, simular ganancias y distribuir honorarios y dividendos. Para sostener ese esquema y mantener los contratos comerciales, se le atribuye la intervención indispensable de H.E.B. y F.A.P. Como consecuencia de estas maniobras, la empresa habría quedado con un pasivo estimado en más de siete millones de dólares necesarios para la disposición final de los residuos acumulados.

Para sustentar su acusación de cara al juicio, el Ministerio Público Fiscal ofreció casi un centenar de testigos, entre ellos técnicos ambientales, vecinos, funcionarios públicos y especialistas; además de peritos contables, químicos y médicos. También incorporó informes de organismos fiscales y registros societarios, expedientes administrativos ambientales, documentación secuestrada en distintos allanamientos, análisis de dispositivos informáticos, registros fotográficos y estudios técnicos sobre la expansión territorial de la planta.

Finalmente, respecto a la modalidad del debate, el MPF solicitó que el caso sea juzgado por un Tribunal con Jurados Populares. El planteo se fundamenta en que se trata de una causa de naturaleza criminal con una pretensión punitiva provisoria superior a los tres años de prisión para todos los acusados, y en la especialidad de la materia que caracteriza a la investigación, con respaldo en la normativa procesal y constitucional vigente.