La Justicia avaló reabrir una investigación tras la aparición de nuevas pruebas
La Justicia de Neuquén resolvió habilitar la continuidad de una investigación vinculada a la presunta falsificación de informes médicos o peritajes presentados en expedientes judiciales de carácter civil, luego de que surgieran nuevas pruebas que permitieron reabrir el caso.
La decisión fue adoptada por la jueza de garantías Leticia Lorenzo, quien rechazó un planteo presentado por la defensa de una de las personas investigadas y avaló que el Ministerio Público Fiscal continúe con la investigación.
La defensa cuestionó la reapertura
La audiencia fue solicitada por la representación legal de M.G., quien sostuvo que la reapertura del expediente vulneraba el principio de legalidad, ya que la desestimación de la causa había sido confirmada judicialmente el pasado 5 de mayo.
La defensa argumentó además que la querella debía haber recurrido aquella resolución mediante una impugnación y afirmó que la evidencia considerada como "nueva" por la fiscalía ya estaba disponible cuando se decidió archivar el expediente.
Nuevas pruebas impulsaron la investigación
Durante la audiencia, la fiscal Natalia Rivera explicó que la reapertura fue ordenada luego de un pedido formulado por la querella, integrada por los abogados Marcelo Herzricken Velasco y Joaquín Herzricken Catena, en representación de la mutual y la ART del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa.
Según detalló, nuevas pericias realizadas sobre dispositivos electrónicos que habían sido secuestrados permitieron obtener información relevante y abrir una nueva línea de investigación.
La jueza descartó que exista cosa juzgada
Al fundamentar su resolución, la jueza Lorenzo sostuvo que una desestimación o archivo de una causa no constituye cosa juzgada, por lo que el Código Procesal Penal permite retomar una investigación cuando aparecen nuevos elementos de prueba que resulten conducentes.
Asimismo, remarcó que en esta etapa preliminar el control judicial es limitado y que no corresponde al tribunal analizar si la fiscalía debió haber realizado determinadas diligencias con anterioridad.
Con esta resolución, el Ministerio Público Fiscal podrá continuar con las medidas investigativas y evaluar, en caso de reunir pruebas suficientes, una eventual formulación de cargos contra las personas involucradas.