2026-09-17
Sugieren que colegios privados con subsidio estatal otorguen vacantes gratuitas
Ingresó a la Legislatura un proyecto de ley que busca establecer mecanismos de contraprestación social por parte de los establecimientos educativos de gestión privada que reciben aportes económicos del Estado.
Ingresó a la Legislatura un proyecto de ley que busca establecer mecanismos de contraprestación social por parte de los establecimientos educativos de gestión privada que reciben aportes económicos del Estado. La iniciativa fue presentada por el ciudadano Juan Mariano Iturbide.
Según su autor, la propuesta tiene como objetivo garantizar el acceso a vacantes totalmente gratuitas para estudiantes pertenecientes a sectores vulnerables de la comunidad. Por esto, sostiene que la normativa alcanzará a todos los establecimientos educativos de gestión privada incorporados a la enseñanza oficial que perciban fondos públicos para el financiamiento total o parcial de salarios docentes u otros gastos de funcionamiento.
En los fundamentos de la propuesta, Iturbide señala que en la provincia hay colegios privados que reciben aportes estatales parciales e incluso del 100% para sostener sus plantas docentes. Como antecedente directo, el autor cita el Decreto Provincial N.º 875/2024, mediante el cual el Poder Ejecutivo convalidó la Resolución N.º 412/2024 del Consejo Provincial de Educación. Dicha norma reconoce explícitamente que el financiamiento público otorgado a ciertos establecimientos privados se fundamenta en la función social que estos desarrollan en sectores de vulnerabilidad socioeconómica.
Iturbide añade que el espíritu del proyecto apunta a que la función social de las escuelas se traduzca de forma concreta en la reserva de un porcentaje de vacantes gratuitas. Estos cupos estarán destinados de forma prioritaria a estudiantes provenientes de hogares con bajos ingresos, personas con discapacidad, familias numerosas y otros grupos vulnerables que defina la autoridad educativa.
Finalmente, el documento aclara que la iniciativa no elimina los subsidios vigentes, no altera la naturaleza jurídica de las instituciones privadas ni interfiere con su ideario institucional. El propósito fundamental es fortalecer la transparencia en el uso de los recursos públicos y asegurar que el esfuerzo financiero del Estado se traduzca en una contraprestación directa para quienes más lo necesitan. En este sentido, estima que de aprobarse la norma, las instituciones deberán vincular el financiamiento recibido con un beneficio directo y verificable para la sociedad.
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