La Legislatura de Neuquén comenzó con los exámenes toxicológicos a sus diputados
La Legislatura de Neuquén comenzó a implementar los exámenes toxicológicos obligatorios establecidos por la Ley 3531, que establece estos controles como requisito para la permanencia en cargos públicos de los tres poderes del Estado provincial.
Para el ámbito legislativo, la Cámara aprobó la Resolución 1248, que establece el procedimiento para realizar los controles sobre los 35 diputados y diputadas provinciales. Los test se llevan adelante de manera aleatoria, sorpresiva y obligatoria, dentro del edificio legislativo y durante el desarrollo de la actividad parlamentaria.
El protocolo establece que los controles se realizan durante el funcionamiento de las comisiones y las sesiones de la Cámara, incluidas las preparatorias y extraordinarias. Cada legislador debe someterse al examen al menos una vez durante cada bimestre del período ordinario.
Los test rápidos son realizados in situ por personal habilitado por la autoridad sanitaria competente. El área de Medicina Laboral de la Legislatura coordina el procedimiento con el laboratorio o equipo técnico autorizado y tiene a su cargo el resguardo de las muestras, la cadena de custodia y la documentación correspondiente.
En caso de que un test arroje un resultado positivo, el protocolo contempla la realización de un análisis confirmatorio en un laboratorio habilitado, antes de avanzar con las instancias correspondientes.
La normativa también establece que la convocatoria a cada legislador debe realizarse de manera inmediata, personal y reservada. Tanto la toma de las muestras como los resultados están alcanzados por criterios de confidencialidad y privacidad.
El costo de los exámenes está a cargo de cada diputado o diputada que sea sometido al control, tal como establece la normativa vigente y el protocolo aprobado por la Cámara.
La Ley 3531, sancionada por la Legislatura, establece la obligatoriedad de los exámenes toxicológicos para funcionarios de los tres poderes provinciales y fija como principios para su aplicación la confidencialidad, privacidad, proporcionalidad, no discriminación, protección de datos personales y derecho de defensa.
Con la puesta en marcha del protocolo, la Legislatura comenzó a aplicar específicamente el mecanismo previsto para el Poder Legislativo, luego de que en agosto la Cámara aprobara por mayoría la Resolución 1248.