Buscan bloquear celulares y dar de baja líneas utilizadas ilegalmente en las cárceles de Neuquén

La diputada provincial Brenda Buchiniz, del bloque Cumplir, presentó dos iniciativas legislativas para implementar controles más estrictos sobre el uso de teléfonos celulares en las cárceles de Neuquén. El objetivo es detectar los dispositivos y las tarjetas SIM que operen de manera ilegal dentro de los establecimientos penitenciarios y gestionar su posterior bloqueo.

La legisladora ingresó un proyecto de ley para que la provincia adhiera a la normativa federal vigente en la materia y, además, una iniciativa de resolución para solicitar información sobre la factibilidad técnica y económica de implementar el sistema en el territorio neuquino.

La propuesta de resolución apunta a conocer si el Gobierno provincial evalúa incorporarse al programa creado mediante la Resolución 806/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional. También solicita información sobre las posibles gestiones realizadas ante esa cartera y un detalle de los protocolos y sistemas de seguridad que actualmente funcionan en las unidades penitenciarias para impedir el acceso no autorizado a la telefonía celular.

Cómo funcionaría el sistema de identificación

En los fundamentos del proyecto de ley, Buchiniz advierte que el uso clandestino de teléfonos celulares en las cárceles puede facilitar estafas, extorsiones y la coordinación de delitos con personas que se encuentran fuera de los establecimientos.

Según argumenta la diputada, las requisas físicas tradicionales resultan insuficientes frente a dispositivos tecnológicos cada vez más pequeños y fáciles de ocultar. Por eso, propone incorporar herramientas que permitan identificar los códigos IMEI, correspondientes a cada aparato, e IMSI, que identifican a las tarjetas SIM.

Una vez detectados los equipos y las líneas utilizadas dentro de los establecimientos penitenciarios, el mecanismo permitiría gestionar su baja ante las empresas prestadoras del servicio de telefonía móvil.

La iniciativa establece que la Provincia conservaría el control operativo de sus unidades de detención, mientras que el Ministerio de Seguridad de la Nación sería el encargado de canalizar las solicitudes de baja técnica ante las compañías telefónicas.

Límites y garantías de la propuesta

El proyecto también contempla resguardos para evitar que el sistema afecte derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad. En ese sentido, prohíbe expresamente la interceptación de contenidos de comunicaciones sin una orden judicial y garantiza que los internos puedan mantener sus comunicaciones legales mediante los canales oficiales autorizados.

Otro de los puntos planteados es que la implementación se realice bajo criterios de austeridad, sin generar gastos excesivos ni requerir la creación de nuevas estructuras burocráticas dentro del Estado provincial.

Además, el sistema de detección tendría que funcionar exclusivamente dentro de los perímetros de las cárceles, con el propósito de evitar interferencias accidentales en las comunicaciones de los vecinos que viven en las inmediaciones.

Las iniciativas deberán avanzar ahora en su tratamiento legislativo. Su eventual implementación dependerá de la evaluación técnica y económica y de las decisiones que adopten las autoridades provinciales.