2026-11-17

Acusan a una concejal de San Patricio del Chañar por adjudicarse un terreno fiscal

El Ministerio Público Fiscal le atribuyó a Mónica Beatriz Barrera haberse interesado personalmente en el dictado de una ordenanza que le adjudicó un lote de tierra pública. Un juez de garantías tuvo por formulados los cargos, pero rechazó por el momento imputar a la viceintendenta Marta Verónica González.

A partir de una acusación presentada por el fiscal del caso Juan Narvaez y el asistente letrado Facundo Bernat, un juez de garantías tuvo por formulados los cargos contra la concejal de San Patricio del Chañar, Mónica Beatriz Barrera.

Los funcionarios del Ministerio Público Fiscal le atribuyeron haberse interesado personalmente en el dictado de una ordenanza municipal que le adjudicó un lote de tierra pública. En la misma audiencia, el magistrado rechazó, por el momento, imputar a la viceintendenta y presidenta del Concejo Deliberante, Marta Verónica González.

Durante la audiencia realizada hoy, Narvaez detalló la evidencia reunida por el MPF y solicitó la apertura de la investigación penal preparatoria por un plazo de cuatro meses. El abogado querellante que intervino en representación de la Fiscalía de Estado, adhirió al pedido del fiscal.

El delito que se le atribuyó a Barrera es negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas en calidad de autora (artículos 265 y 45 del Código Penal). Para González la fiscalía había requerido la formulación de cargos por incumplimiento de los deberes de funcionario público (artículos 248 y 45 del Código Penal), al reprocharle haber omitido los controles propios de su cargo durante el trámite legislativo.

Tras escuchar a las partes, el juez de garantías Luciano Hermosilla avaló el planteo del MPF respecto de Barrera, dio por formulados los cargos y fijó el plazo de investigación en cuatro meses. Sin embargo, no hizo lugar a la imputación contra González al considerar que existen dudas sobre el dolo en su accionar.

El hecho

De acuerdo con la teoría del caso expuesta por los funcionarios del Ministerio Público Fiscal, la maniobra se inició el 25 de noviembre de 2024, cuando Mónica Beatriz Barrera, en ejercicio de su cargo como concejal, solicitó al Poder Ejecutivo Municipal la derogación de una ordenanza de 1996 y la adjudicación en venta a su favor del Lote 10 de la Chacra 28 (Picada 9).

El 24 de junio de 2025, tras ser elevado el expediente por el Ejecutivo, la Comisión de Asuntos Institucionales -con la participación de la propia Barrera- emitió despacho favorable sin contar con un dictamen legal formal previo. Al día siguiente, durante la Sesión Ordinaria N° 13, la concejal no se abstuvo ni fue apartada: tomó la palabra para fundamentar el proyecto y votó a favor de su propia adjudicación.

La iniciativa fue aprobada por mayoría simple (3 votos a favor y 2 en contra), lo que culminó en la sanción de la Ordenanza N° 1497/25, firmada por González, que autorizó el cambio de titularidad del inmueble.

Según precisó la fiscalía, el procedimiento incumplió la Carta Orgánica Municipal, que exige una mayoría calificada de dos tercios (5 votos) y el mecanismo de licitación pública o remate para la venta de inmuebles fiscales, además de haberse incorporado el dictamen legal por escrito recién minutos después de finalizada la sesión.

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