2026-11-22

Neuquén: proponen limitar el uso de recursos públicos durante las campañas electorales

Un proyecto presentado en la Legislatura busca impedir que el Gobierno provincial utilice fondos, personal, bienes y canales institucionales para favorecer candidaturas o agrupaciones políticas. La iniciativa, denominada “Ley de Neutralidad e Igualdad Electoral”, también plantea restricciones a las inauguraciones de obras y a la comunicación oficial durante los períodos electorales.

Un proyecto de ley ingresó a la Legislatura de Neuquén con el objetivo de establecer límites al uso de recursos del Estado provincial durante las campañas electorales y garantizar condiciones de mayor igualdad entre las fuerzas políticas.

La iniciativa fue presentada por Juan Mariano Iturbide e ingresó formalmente a la Legislatura el 19 de noviembre, bajo el expediente N° 18.845.

La propuesta apunta a impedir que los distintos poderes del Estado, organismos descentralizados y entes con participación estatal utilicen recursos públicos para promover la imagen, trayectoria o aspiraciones electorales de funcionarios que sean candidatos o participen activamente de una campaña.

Entre las restricciones planteadas se incluye la utilización de campañas de comunicación institucional que puedan asociar la actividad oficial con una candidatura o agrupación política. La prohibición también alcanzaría el uso de imágenes, símbolos, colores, lemas y otros elementos identificatorios vinculados con espacios partidarios.

Otro de los puntos establece restricciones a los actos oficiales de inauguración de obras públicas, edificios, establecimientos, servicios o proyectos financiados con fondos estatales durante los períodos electorales, cuando esas actividades impliquen promoción de resultados de gestión o puedan generar una ventaja para determinadas candidaturas.

Restricciones a funcionarios y canales oficiales

El proyecto también contempla regulaciones para las redes sociales y plataformas digitales de los organismos públicos. En ese sentido, propone prohibir publicaciones promocionales de gestión y transmisiones de actos proselitistas que estén orientadas a favorecer candidaturas.

Además, establece que funcionarios y agentes públicos no podrán utilizar vehículos, instalaciones, equipos, fondos, sistemas informáticos, servicios de comunicación ni personal del Estado provincial para actividades de campaña.

La iniciativa aclara que los funcionarios podrán participar de actividades proselitistas, pero deberán hacerlo fuera del ejercicio de sus funciones y sin utilizar recursos o medios institucionales.

Qué plantea para los casos de incumplimiento

En cuanto a las posibles infracciones, el texto propone que las responsabilidades se determinen de acuerdo con la naturaleza del cargo del funcionario involucrado y el régimen legal que corresponda.

En los casos en que la gravedad de la conducta justifique una eventual remoción, se podrán promover los mecanismos de separación o responsabilidad previstos en la Constitución provincial y las leyes, respetando las competencias de cada autoridad.

En los fundamentos, Iturbide sostiene que “la función pública y la administración del Estado no deben ser usados para beneficio partidario ni como botín de un partido o agrupación gobernante”.

El autor considera que la iniciativa permitiría fortalecer la neutralidad institucional durante los procesos electorales, proteger la igualdad de oportunidades entre las agrupaciones políticas y evitar que los recursos públicos sean utilizados con fines de promoción partidaria.

El proyecto deberá continuar su recorrido legislativo para que se analice su contenido y eventual tratamiento. Por el momento, se trata de una propuesta y sus disposiciones no constituyen obligaciones legales vigentes.

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