Conflicto en la Cooperativa 127 Hectáreas: concluyó el proceso de diálogo

En el contexto del diálogo que inició el Ministerio Público Fiscal (MPF) para intentar avanzar en la solución del conflicto surgido en la Cooperativa de Vivienda y Consumo 127 Hectáreas La Sirena, se realizó hoy una nueva reunión en la que se resolvió concluir el proceso y que el caso continué en el ámbito de la fiscalía de Delitos Económicos.

El encuentro comenzó a las 9, fue en la sede del MPF en la Ciudad Judicial y lo dirigió la responsable de la oficina de Mediación y Conciliación del MPF, Cecilia Basterrechea.

La convocatoria comprendió a socios y socias de la cooperativa con distintos puntos de vista sobre el conflicto (denunciantes, por un lado, y autoconvocados, por otro); autoridades del Poder Ejecutivo (el subsecretario de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos); y autoridades de la cooperativa.

Tras el encuentro, la responsable de Mediación y Conciliación planteó que “se concluye el proceso y se devuelven las actuaciones a la fiscalía que derivó el caso”.

El argumento fue que, ante "el carácter voluntario de la instancia", los socios y socias denunciantes, “acompañados por el abogado Mariano Mansilla, consideraron no oportuno continuar participando de la mediación penal”.

En el documento mediante el cual se reenvió el caso a la fiscalía de Delitos Económicos, se especificó que entre el 25 de septiembre y el 20 de octubre, se realizaron 17 entrevistas con representantes del Poder Ejecutivo, de los socios y socias denunciantes, autoridades de la cooperativa y socios y socias autoconvocados, con el objetivo de intentar buscar una salida al conflicto.

El proceso que impulsó la oficina de Mediación y Conciliación, tras la derivación que hizo el fiscal del caso Juan Manuel Narváez (fiscalía de Delitos Económicos), tuvo como objetivo buscar una solución mediante el diálogo entre las partes involucradas.

Dicha convocatoria se basó en el artículo 17 de Código Procesal Penal que establece que “los jueces y fiscales procurarán la solución del conflicto primario surgido a consecuencia del hecho, a fin de contribuir a restablecer la armonía entre sus protagonistas y la paz social. La imposición de la pena es el último recurso”.

Ahora, el caso continuará en el ámbito de la fiscalía de Delitos Económicos.